Torres Porta

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Una magistrada anuló todo el procedimiento concretado por la Comisaría de Pilar tras haber constatado numerosas irregularidades.

La jueza de Control, Juventud y Adolescencia, y Faltas de Río Segundo, María de los Angeles Palacio, declaró nulo un procedimiento concretado por la Policía en la ciudad de Pilar y, por ende, absolvió a dos jóvenes de las contravenciones que les atribuían por entender que la actuación policial vulneró garantías protegidas por la Constitución. Como consecuencia, la magistrada exhortó al titular de la Comisaría de Pilar a que instruya a sus efectivos para que den “cumplimiento a las garantías constitucionales en los procesos contravencionales” que lleven adelante.

Según la sentencia, por su estado, el conductor no pudo ver los carteles que señalaban que había un pozo y que personal de Aguas Cordobesas trabajaba en la vía pública

La empresa Aguas Cordobesas y la Municipalidad de Córdoba no deberán indemnizar a la esposa e hijos de un motociclista que murió en septiembre de 2003 al embestir contra los carteles que indicaban que había un pozo abierto en la intersección de la calle 24 de Septiembre y boulevard Ocampo. La Cámara 5ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó que, en el hecho, jugó un papel determinante la “imprudencia” del conductor, que se dirigía “sin casco y con un dominio de su rodado que habría estado limitado o al menos disminuido por una ingesta alcohólica previa”.

El TSJ consideró que el incumplidor comete un delito previsto por el Código Penal

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) concluyó que el incumplimiento de las órdenes de restricción dictadas por los órganos judiciales en el marco de la Ley de Violencia Familiar Nº 9.283 encuadra en el delito de desobediencia a la autoridad, previsto por el artículo 239 del Código Penal.

“Nos encontramos frente a un destinatario determinado a quien la autoridad pública competente le notificó una prohibición y su incumplimiento lesiona el bien jurídico protegido; esto es, el compromiso expresamente asumido por la administración de justicia, como parte del Estado, para erradicar y sancionar los hechos de violencia intra familiar”, esgrimió el Alto Cuerpo.

“Estas órdenes son impartidas con el fin de hacer cesar conductas que denuncian violencia y para prevenir o evitar que ellas se reiteren poniendo en peligro, la vida,